Pontevedra,
15 de Marzo de 2023
En
nuestra calidad de asociación que defiende los derechos de los Residentes de
Psicología Clínica, y a raíz de la publicación en el BOE de 2 de marzo de 2023
de la ,
Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de
la Generalitat (concretamente respecto al artículo 142 por el que se añade un
nuevo artículo 4 septies, Implementación de profesionales de salud mental en el
ámbito sanitario, en el capítulo IV del título I de la Ley 10/2014, de 29 de
diciembre, de salud de la Comunitat Valenciana), nos vemos obligados a
presentar este escrito mostrando nuestra más absoluta oposición y
disconformidad con las actitudes que se infieren con el contenido de dicha
publicación.
La
consolidación de la Psicología Clínica en España, y la organización de la misma
entorno a la formación vía PIR, es uno de los mayores logros laborales y
académicos de la psicología en nuestro país. Una punta de lanza que consolida
la excelencia formativa y la adquisición de competencias especializadas para el
ejercicio profesional de calidad de la psicología clínica.
Dentro
de las muchas controversias ocurridas en los últimos años en torno a la figura
del psicólogo general sanitario, creemos que el contenido de dicha norma
publicada en el BOE indicado (“se
garantizará que, al menos, se dispondrá de un psicólogo clínico en cada centro
de salud de atención primaria, en cumplimiento de las ratios mínimas que
recomiendan las organizaciones europeas de salud mental. Ante la imposibilidad
de contar con un psicólogo clínico para dar cobertura a la salud mental, se
requerirá el perfil del psicólogo general sanitario para suplir estas funciones en los centros
de salud donde se dé este supuesto”) se debe a una nula y en su caso deficiente organización y planificación
de los recursos económicos y humanos.
Sabemos
de primera mano que se necesita tiempo para crear más plazas PIR, dado que se
necesitan despachos, adjuntos supervisores, un equipo docente, un programa
formativo... y eso no solo se subsana con una inyección económica inmediata. A
pesar de ello, la solución mientras tanto, a corto plazo, no puede ser la contratación de psicólogos
generales sanitarios en sustitución de los psicólogos clínicos. Es contrario a
la legalidad vigente, invade competencias propias de los psicólogos clínicos y
en definitiva, supone un desvalor a nuestra profesión. Sería un menosprecio al
sistema de calidad que tanto ha costado construir y derivaría en la
minusvaloración, como entidad profesional, de la psicología en general. De
hecho, la disposición legal publicada en el BOE y objeto del presente
comunicado, no aclara a qué nivel se contratarían a estos psicólogos generales
sanitarios, porque se encuentra ante el problema de que, al no ser facultativos
especialistas, no tendría las competencias necesarias para realizar la labor
que se requiere de ese puesto y estarían supeditados a un facultativo
jerárquicamente superior. La incoherencia es palmaria.
Creemos
que el objetivo de incorporar la atención psicológica en todos los centros de
salud de la Comunidad Valencia es una meta bienintencionada, pero los medios
para alcanzarla no están siendo los adecuados.
Esta
decisión por parte de los equipos de gobierno está en consonancia con las
actuaciones que afectan a otras profesiones sanitarias, como la de la
privatización de la atención primaria o la contratación de graduados en
medicina en sustitución de médicos especialistas. Todas estas medidas van en
contra del sistema -IR y de los estándares de calidad y exigencia que se piden
a los profesionales que se dedican a dar una atención sanitaria pública y
especializada a la población.
Teniendo
en cuenta lo expresado, apoyamos el inicio de actuaciones legales y de defensa
de los derechos de la psicología clínica realizadas por la SEPC-ANPIR, y
demandamos que se creen más plazas de psicólogo especialista en psicología
clínica de calidad y más plazas de psicólogo interno residente acorde a un plan
estratégico organizado y bien planificado de antemano.
Todo esto, para seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos a una atención psicológica de calidad pública, y nuestros derechos como trabajadores públicos especialistas.
A todos los efectos, La Junta Directiva de AGAPIR
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